Toda una polémica ha generado la propuesta de incluir un impuesto a la seguridad en el recibo de los servicios públicos en el departamento de Antioquia. Varios sectores han criticado la iniciativa, mientras que el gobernador Andrés Julián Rendón la defiende.

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La propuesta liderada por el mandatario pretende crear un nuevo impuesto a la seguridad e incluirlo, para su recaudo, en la facturación de los servicios públicos. La medida sería aplicada para los estratos 4, 5 y 6, además de recaudar un aproximado de $1.2 billones en los próximos tres años.

Lo anterior, con el objetivo de fortalecer -según el proyecto- las capacidades de la Fuerza Pública e incidir con una mayor efectividad los casos de criminalidad en el departamento.

El Presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, anteriormente Twitter, cuestionó la propuesta. Indicó que un impuesto a los consumidores de los servicios públicos “es de lo más regresivo que se puede hacer contra un pueblo”.

Señaló que esta medida podría impactar de manera negativa a los usuarios, debido a los incrementos que se darían en la facturación.

“Ponerle impuesto a la luz y al agua es quitarles la comida a los pobres y a los trabajadores (a)s en Antioquia. Mientras ponen impuestos a la luz en Antioquia, el gobierno nacional bajará las tarifas de la luz”, escribió Petro.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, no se aguantó y respondió al Presidente. Defendió el proyecto y cuestionó -según dijo- la falta de apoyo del Gobierno en términos de seguridad y fortalecimiento de capacidades de la Fuerza Pública.

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“Presidente @petrogustavo, en Antioquia hacemos que las cosas pasen. Actuamos pensando en el bien común y justo por eso fui elegido por los Antioqueños. La tasa de seguridad planteada se hace necesaria para invertir en los rubros de seguridad que abandonó la Nación, al menos en nuestro departamento: tecnología como complemento a una reducción drástica del pie de fuerza; dignidad locativa y movilidad segura para nuestros soldados y policías; cárceles para reducir el hacinamiento; y convivencia”, dijo.

El mandatario explicó que en el pago de la tasa de seguridad estarían excluidos el 85% de los habitantes residenciales, pertenecientes a los estratos 1,2 y 3. Además, sostuvo que cerca del 60% de pequeñas industrias y comercios pagarían menos de $30 mil por mes como contribución.

“No es por cuenta de la tasa que se subiría el precio de la energía eventualmente en Antioquia. Ahí el causante sería la escasez que, Dios quiera no llegue, tiene origen en su odio a las hidroeléctricas y los proyectos de hidrocarburos”, expuso.

Rendón agregó en su respuesta la situación que se vive en municipios como Anorí o Valdivia.

“Un apunte final: ya que no levanta el cese al fuego, no se oponga a la fuente que dotaría a nuestros soldados y policías de la protección para que no los asesinen como en Anorí o Valdivia”, señaló.

“No sería jurídicamente viable”

Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) cuestionó el proyecto de la tasa de seguridad e indicó que no sería viable jurídicamente implementarla.

El gerente de la compañía, John Maya Salazar, sostuvo que este nuevo impuesto, de llegarse a concretar, podría causar un impacto a la empresa y sus usuarios, toda vez que generarían problemas de tipo jurídico, reclamaciones y hasta investigaciones ante la falta de un criterio y una normativa sólida que sustente el recaudo.

“Entre los posibles riesgos legales y normativos asociados a la implementación del recaudo se encuentra la vulneración del principio de legalidad tributaria, lo cual podría derivar a su vez en la nulidad de la disposición que lo adopte”, dijo el directivo en medios locales.